a Comisión Europea ha hecho públicas una serie de recomendaciones al estado español para que sea posible cumplir con los objetivos marcados para el año 2020, recogidos en la Directiva Marco de Residuos. Bruselas considera que España es unos de los estados más atrasados en la materia, junto a Chipre, Hungría, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovenia. ¿Por qué? En su diagnosis, la Comisión considera que el 60% de los residuos todavía acaban en el vertedero y sólo se recicla el 30%. Demasiado lejos del 50% marcado como objetivo para el 2020.
Entre los principales problemas, el informe señala la falta de incentivos para una gestión adecuada de los residuos, una recogida selectiva insuficiente, así como en la gestión de los residuos orgánicos, falta de responsabilización de los productores de residuos y de coordinación entre diferentes niveles institucionales. Obstáculos técnicos, legales, administrativos y de gestión de considerable importancia en el camino para cumplir con los objetivos europeos.
Por tanto, la Comisión establece una serie de recomendaciones. Una de las más destacadas, incrementar la responsabilidad de los productores, teniendo en consideración la introducción de sistemas de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR). Precisamente el sistema propuesto por la Generalitat Valenciana, que finalmente se ha tenido que retirar después de fuertes presiones de la industria. En relación a los productores, también se apunta a a ampliar la responsabilidad a nuevos flujos de residuos, no sólo envases, y establecer criterios de ecodiseño.
Del mismo modo, el informe recomienda establecer un impuesto estatal al vertido de residuos municipales y coordinar los diferentes planes regionales de gestión. También identificar a las regiones que mejor gestionan los residuos y difundir sus prácticas. En lo que respecta a la mejora de la recogida selectiva, se propone introducir planes específicos de gestión de los residuos orgánicos y modelos de éxito en la materia. También se hace referencia a la necesidad de transferir las tecnologías más eficientes en el tratamiento de residuos y modificar las cargas municipales vinculando progresivamente los costes a la generación. En definitiva, una hoja de ruta que la Comisión recomienda para que el estado español pueda cumplir con los objetivos marcados para 2020.
